‘Poda’ el Senado sanciones a monopolios

La posibilidad de que en México alguien vaya a la cárcel por acuerdos entre empresas para fijar precios y otras prácticas monopólicas que afectan a los consumidores o a sus competidoras parece más remota que nunca.

La Cámara de Diputados estudia una minuta enviada en diciembre por el Senado, en la que se crea un nuevo delito en el Código Penal Federal para sancionar con entre 3 y 10 años de cárcel a personas involucradas en ese tipo de arreglos, conocidos como prácticas monopólicas absolutas.

Pero el Senado le quitó “dientes” a la versión original que los diputados habían aprobado en abril de 2010 y estableció el candado de que el proceso penal sólo podrá iniciar cuando ya exista una resolución definitiva e inatacable de la Comisión Federal de Competencia (CFC), en el sentido de que existió la práctica monopólica.

Cumplir el requisito puede llevar años. Las empresas promueven amparos contra todas las acciones de la CFC, desde el inicio de las investigaciones hasta los dictámenes de responsabilidad, y los juicios hacen que pueda pasar hasta una década para llegar a una resolución final que, en términos legales, “cause estado”.

“Este requisito elimina el efecto disuasorio de las sanciones penales, derivado de la lejanía entre el momento que se cometió la probable conducta prohibida, y el momento en que comenzaría el proceso penal”, explicó una fuente gubernamental involucrada en la negociación de las reformas a la Ley Federal de Competencia, cuyos aspectos más controvertidos fueron suavizados por los senadores.

Los diputados sólo habían considerado necesaria la resolución de la CFC, sin el candado de que ya hubiera “causado estado”. El Senado no explicó en su dictamen la razón para supeditar el proceso penal a la existencia de una resolución administrativa definitiva.

Un ejemplo de lo problemático que es llegar a una resolución final de la CFC es el caso de las cementeras. El 25 de marzo de 2009, el organismo notificó a Cemex, Holcim-Apasco, Cruz Azul y Moctezuma un oficio en el que las declara probables responsables de prácticas monopólicas absolutas para manipular precios desde 1982.

Cemex se amparó contra este oficio, que era un dictamen preliminar. Dos años después, la CFC no ha podido emitir una resolución definitiva, que también sería impugnable ante los tribunales.

En contraste, en Estados Unidos el Departamento de Justicia presentó en mayo de 2010 cargos penales contra el gerente de una filial de Cementos Chihuahua, quien se coludió con cementeras del estado de Iowa para controlar precios en esa región, sin que para el proceso criminal fuera necesario algún trámite previo ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que es la autoridad administrativa en esa materia.

Entre 2005 y 2009, fiscales federales de EU acusaron penalmente por prácticas anticompetitivas a 255 personas y 108 corporaciones, muchas veces con base en investigaciones del propio Departamento de Justicia, no de la FTC.

Grupo Reforma

Por: Víctor Fuentes (20-Mar-2011). MÉXICO.

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